Eso dice la norma en vigencia. Pero se sabe, desde que el mundo es mundo, o desde que la globalización genera los miedos y los mimetiza arteramente para sustentar lo que ahora llaman la posverdad, que el poder económico está por encima del poder político. Los esfuerzos y breves  brillos de otras luces del Estado, fueron, son y serán dinamitados por quienes ostentan el privilegio de las billeteras, y manejan, como decía Prevert “el delicado asunto del dinero”.

Asumimos en diciembre de 2015 el compromiso de conducir el gobierno municipal de Ramallo. Fue el voto popular quien lo decidió. La democracia, con sus imperfecciones, nos dio esa responsabilidad. Pasaron pocos días y el ruido de los brindis de fin de año no llegó a oírse en plenitud, cuando  la empresa Siderar decidió no pagar la tasa de Seguridad e Higiene. Eran los primeros días de enero de 2016.

Fueron largas horas y días de preocupación que seguramente pasaron desapercibidas para la mayor parte de la población, pero que resultaron angustiantes para quienes teníamos la responsabilidad de salvaguardar los intereses de toda la comunidad de Ramallo. El Intendente municipal de Ramallo se puso al frente de esa batalla dura que significa plantarse en favor de los derechos de los vecinos ante el poder económico, de un grupo acostumbrado a navegar en los mares turbulentos de las finanzas y sus leyes, sabiéndose un acorazado, teniendo el poder para combatir con plata ante un poder tan devastado y pequeño como el de un municipio de un pueblo del interior, como Ramallo. 

Salimos a flote a sabiendas que la tormenta podía volver. Y volvió. En estos días regresó, antes de diciembre. Tal vez el resultado electoral envalentonara a la multinacional ante un pueblo de cuarenta mil habitantes. Perder o ganar una elección es en definitiva, la decisión de una voluntad popular. Un resultado electoral no genera impunidad, ni para quien debe gobernar ni para quien debe cumplir sus obligaciones ante las leyes. Las demoras en el pago de sus obligaciones en aquel enero de 2016 por parte de Siderar, se transformaron hoy en una presentación judicial, un hecho fáctico. Siderar no quiere pagar lo que tiene que pagar al municipio de Ramallo. Extraño resulta que, después de largo de tiempo de cumplir con su obligación fiscal con el Partido de Ramallo, ahoraSiderar pretenda no pagar lo que debe pagar.

Para Ramallo, gobierne quien gobierne, el intento de no pagar por parte de un/a contribuyente, es un delito. Lo sabe el vecino o común, o si tal vez no lo sepa, intenta pagar ese vecino para estar al día con sus obligaciones, a sabiendas que cumple con las normas pero que también sostiene con su aporte derechos tan elementales como el de contar con un hospital público y gratuito como el José María Gomendio, por ejemplo, nada más y nada menos. Es lo que está en riesgo. Lisa y llanamente debe saber la comunidad del Partido de Ramallo, vote a quien vote, viva en la localidad que viva, que el no pago de sus obligaciones por parte de Siderarimplica el funcionamiento o el cierre de nuestro hospital. El Hospital José María Gomendio tiene previsto para 2018 un presupuesto de 171.189.184,95. Ciento setenta millones de pesos, en números redondos. ¿Cuánto debe pagar Siderar al municipio, por la Tasa de Seguridad e Higiene, porque así lo determinan las normas?: Ciento veinte millones al año, en números también redondos. No es una donación, no es una dádiva, no es un regalo. Es una obligación fiscal e impositiva que Siderar no quiere cumplir, considera injusto, y lo ha llevado a la justicia. 

Más allá de los colores políticos, más allá de los posicionamientos ideológicos, más allá de las diferencias que los ciudadanos de Ramallo podamos tener, más allá del cariño, confianza o su contrario que cada habitante tenga para con el gobierno democráticamente electo, es necesario que cada habitante tome conciencia de la tragedia que significa este paso de amenaza a una presentación judicial que Siderar ha concretado en estos días, si la justicia le diera curso. No interpretar la gravedad de la situación es esconder o desconocer la realidad. No sólo se vulnera la gobernabilidad. Se priva a una comunidad de sus derechos. Gobierne quien gobierne las obligaciones fiscales deben cumplirse. Muchos vecinos hacen un esfuerzo enorme para pagar sus tasas. Quienes tienen los recursos porque ganan millones de dólares parecen sentirse impunes ante sus obligaciones y ponen en vilo a un pueblo, a su hospital público. No es una opción pagar o no pagar, es una obligación, que todos debemos exigir que se cumpla. 

ElvioZanazzi
DNI 18.010.803
CONCEJAL DEL PARTIDO DE RAMALLO