Los cuarteles de Bomberos Voluntarios de todo el país atraviesan una misma preocupación, y el de Ramallo no es la excepción.

Así lo confirmó Emanuel Andolfi, segundo jefe de la institución local, quien repasó los cuatro ejes de un reclamo que crece a nivel nacional: la no inclusión de los cuarteles en los pliegos de licitación de las nuevas rutas dentro del plan federal de privatización, la falta de devolución del IVA —del que los bomberos están exceptuados pero no logran recuperar—, las trabas para girar divisas al exterior y, el punto que consideran más grave, la falta de aplicación de la Ley 25.054, la norma que financia a los cuerpos de bomberos voluntarios de todo el país.

Una ley que no baja

La Ley 25.054 establece que, de cada seguro que se paga en el país, una porción se destina a los cuarteles de bomberos, con una distribución igualitaria entre todas las instituciones. Según explicó Andolfi, ese aporte representaría para Ramallo unos 100 millones de pesos aproximados, un dinero sujeto a rendición: la comisión directiva dispone de 90 días para justificar el gasto y, si no lo hace correctamente, pierde el subsidio al año siguiente.

"A esta altura del año ya debería haberse cobrado ese dinero", señaló el segundo jefe, y remarcó que mientras otros cuarteles del país fueron percibiendo el fondo, Ramallo todavía no corrió esa suerte. Aun así, aclaró que la cifra "parece monstruosa" a primera vista pero que, frente a los gastos actuales de un cuartel, "sigue quedando un poco chica".

El cepo que frena la renovación de flota

El otro frente de tensión pasa por las restricciones cambiarias. Bomberos explicó que, al comprar unidades en el exterior —una necesidad, ya que resultan hasta cuatro veces más económicas que las nacionales—, solo pueden girar el 20% del valor por adelantado, y el resto recién una vez que la unidad ya está en el país, en cuotas que se extienden a 30, 60 y 90 días. "Con esas condiciones de compra, ningún vendedor del exterior nos permite hacer negocio", graficó Andolfi, lo que traba directamente el recambio de flota.

La situación golpea especialmente porque el cuartel de Ramallo tiene bajo su cobertura un tramo de la Ruta 9 con, según remarcó Andolfi, altos índices de accidentología. A la par, la institución busca equiparse con una embarcación y ropa de protección personal ante la llegada del fenómeno de El Niño, un objetivo que el faltante de recursos complica.

Comprar afuera, aunque no quieran

Consultado sobre por qué no se opta por unidades de fabricación nacional, Andolfi fue categórico: no es un problema de calidad, sino de costo. "Está valiendo casi dos o tres veces más que una unidad importada que nosotros podemos traer", explicó, y aclaró que las autobombas que ingresan del exterior tampoco son 0 kilómetro, lo que ayuda a bajar el precio frente a un carrozado nuevo. Con los fondos que reciben los cuarteles voluntarios, señaló, acceder a la industria nacional "se hace muy difícil", pese a que reconoce que sería lo más conveniente: permitiría conseguir repuestos y mano de obra nacional, y agilizar las reparaciones cotidianas.

Sin fecha de resolución

Para Andolfi, la buena administración de la comisión directiva y, sobre todo, el respaldo de la comunidad —a través del bono de contribución y la respuesta a las rifas— son lo que hoy evita que la situación económica del cuartel sea crítica. Pero remarcó que ese aporte social "bien podría destinarse" a renovar flota y a equipamiento de protección personal, en lugar de sostener gastos que deberían estar cubiertos por los fondos que la ley les reconoce.

El segundo jefe también deslizó una reflexión personal sobre otro punto sensible: la atención de emergencias en la autopista. Consideró que no resulta justo que el servicio de salud público —o el propio cuartel de bomberos— deba cubrir siniestros en un tramo de ruta concesionado, mientras la empresa que administra el peaje no aporta nada a cambio de la seguridad que ambas instituciones garantizan.

Por el momento, el reclamo no tiene fecha de resolución. Desde la institución remarcaron que buscan, sobre todo, visibilizar una problemática que atraviesa a los cuarteles voluntarios de todo el país y que, más allá del esfuerzo de cada comunidad, depende en gran medida de decisiones que exceden lo local.