Ante las recientes declaraciones a la prensa del Intendente Gustavo Perié sobre cambiar la zonificación del predio de Cementos Avellaneda SA, es importante dejar en claro algunas cuestiones respecto a esta situación.

La cementera está instalada ilegalmente en la zona del Tonelero por decisión política del anterior gobierno. Decimos ilegal porque la zonificación del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) vigente establece que el predio es rural y, además, existe una medida cautelar en sede judicial para frenar el avance de las obras hasta tanto se homologue a nivel provincial un nuevo Código.

Al constatarse la violación de esta cautelar, acompañamos en el 2016 una medida judicial impulsada por el abogado Fabián Maggi para solicitar el cese de las obras llevadas a cabo por la empresa Cementos Avellaneda SA, porque no solo viola la normativa vigente, Ley 14888 de Conservación y Manejo de Bosques Nativos que categoriza a esta área como zona roja (área de muy alto valor de conservación que no puede transformarse), sino que también compromete la calidad del agua al contaminar el humedal (purificador de nuestras napas) y el recurso hídrico (río Paraná).   La entonces Jueza dictamino en enero de 2017 el cese de obras y la clausura inmediata, sin embargo, al día de hoy se ven movimientos en el lugar.   La mayor preocupación es que Cementos Avellaneda SA tendrá un playón de coque de petróleo, o Petcoke, a cielo abierto. Este es un subproducto obtenido después de refinar el petróleo, que se dispersa con facilidad por el viento y está compuesto por altas concentraciones de azufre, níquel, cadmio, mercurio, y otros metales pesados, como el vanadio. Todos elementos altamente tóxicos y cancerígenos que afectan a la salud de las personas y al ambiente al introducir en aire, suelo y agua estas peligrosas sustancias.   Las afirmaciones del señor Intendente sobre que “estamos trabajando con la provincia de Buenos Aires sobre una ordenanza en particular” y que “aparentemente va a ser más un lugar comercial que de producción y todo eso lo vamos a trabajar con ellos” (la empresa) ponen de manifiesto el intento de sancionar una ordenanza a la medida de Cementos Avellaneda SA y de espaldas a la comunidad, dejando a la misma sin la posibilidad de debatir una norma integral que sea fruto de la participación y el consenso. El manejo que se está haciendo con esta empresa es muy similar al modo en que se intentó resolver la situación de la empresa MOVIPORT hace algunos años. Se intenta disfrazar el proyecto de la empresa como una mera práctica comercial cuando, en realidad, era una empresa con fines industriales. De esto modo, se pretende facilitar su radicación.   Finalmente, el COUT ya lleva más de ocho años sin poder ser aprobado por distintas irregularidades cometidas en su trámite por las anteriores gestiones (Santalla y Poletti) y donde la ilegalidad en el proceder y la falta de transparencia fueron elemento centrales en ese proceso por el cual nunca se logró la homologación provincial.   Es imprescindible que el señor intendente Perié y los/as actuales concejales inicien un proceso participativo que derive en un COUT con consenso social y no a la medida de las empresas contaminantes. Las audiencias públicas del 2018, convocadas por el actual oficialismo en su rol de oposición y de amplia participación popular, marcaron un camino claro de lo que quieren los/as ciudadanos/as para Ramallo.     Asociacion Civil UPVA "Unidos por la vida y el medio ambiente " (Mat nº 40.677)

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