Luego de la derrota del oficialismo en las elecciones Primarias se produjo una disparada del dólar que impactó fuerte en los precios. Como consecuencia directa, se produjo una fuerte erosión en el poder de compra de los salarios. Los gremios bonaerenses ya venían presionando por una recomposición salarial que se profundizó luego de que la Casa Rosada anunciara que pagaría un bono de 5 mil pesos para los estatales nacionales. Si bien el planteo de los gremios estatales de la Provincia es más abarcativo -quieren que para la segunda etapa del acuerdo salarial que firmaron rija una cláusula de actualización automática por inflación, entre otros reclamos-, pretendían al menos que la administración de Vidal imitara la decisión nacional y pagara ese bono.

Hay otra cuestión que limitará el beneficio. Sólo se pagará a aquellas categorías que no fueron alcanzadas con el beneficio de la reducción del pago del Impuesto a las Ganancias resuelto por la Nación. De está forma, el bono se pagaría a quienes cobran sueldos de 38 mil pesos para abajo. “No hay más plata”, dicen que fue la explicación oficial para la contraoferta gremial de que al menos se igualara el monto del bono que pagará la Nación. Incluso trascendió que, pese a la queja de los sindicatos, la decisión del Ejecutivo es dictar un decreto y pagar esas dos sumas de 1.500 pesos.

El planteo oficial produjo malestar entre los sindicatos, incluso, entre los que han exhibido desde el arranque de la gestión de Vidal una posición dialoguista como UPCN y los sindicatos enrolados en la Fegeppba. Hay quienes anticipan, incluso, que podría estar madurando un paro bonaerense que acaso registre una coincidencia poco común entre organizaciones tradicionalmente enfrentadas. Acaso como para mitigar el malestar sindical, la Provincia estaría ofreciendo una actualización de los montos de las asignaciones familiares e igualarlos con los que paga la Anses. Los gremios, por otra parte, no estarían encontrando eco con otro de los planteos con el que fueron a la carga: la inmediata reapertura de la paritaria. 

La Provincia había acordado con los empleados estatales en la paritaria 2019 una mejora del 4 por ciento desde enero, otro 4 por ciento a partir de marzo, 4 por ciento en mayo y otro 4 por ciento en julio. Y se convino aplicar una cláusula de ajuste automático a partir de julio en caso de que la inflación superara el 16 por ciento. Como esa previsión inflacionaria fue superada -el costo de vida acumulado en el primer semestre del año fue del 22,1 por ciento- los gremios reclamaron que se adelantara la aplicación de la cláusula de actualización automática y finalmente la Provincia accedió. Por eso pagó el 4 por ciento pautado de antemano más un 8,5% para compensar la inflación. Así, en julio el aumento total fue del 12,5%. El cierre paritario de 2019 establecía que en la segunda parte del año los estatales recibirían una suba del 2 por ciento en septiembre y otro 2 por ciento en noviembre. Los gremios presionan para que en esa segunda etapa también rija la cláusula de actualización automática de manera que los sueldos no pierdan frente a la inflación. Pero este reclamo sigue sin encontrar eco. La arremetida sindical tiene que ver con que las proyecciones de inflación que hacia fin de año rozaría el 55%. Algunos sindicalistas que hablaron con funcionarios escucharon una queja reiterada: “No podemos ofrecer más”. En la Provincia sostienen que dos decisiones que adoptó Macri -quita del IVA a los alimentos y los cambios en Ganancias- harán que los ingresos bonaerenses se reduzcan en unos 4 mil millones de pesos. Y como consecuencia, se ahondará la estrechez presupuestaria.

Fuente ElDía.com