Gastón Fossati, director de ARBA, explicó que “en el marco de la política anticorrupción que existe en la Agencia de Recaudación, todo funcionario o empleado que preste servicios en el organismo debe declarar detalles de su patrimonio. De esta manera, se promueven tanto la responsabilidad profesional como valores éticos que hacen a la transparencia de la institución”.

A la vez, destacó “las iniciativas de la gobernadora María Eugenia Vidal para revalorizar la gestión pública con políticas que fomentan la transparencia y reivindican la importancia del profesionalismo, el mérito y el esfuerzo”.

Los agentes de ARBA presentan una declaración que incluye detalles de inmuebles, bienes muebles registrables, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, inversiones y otros activos, ya sean propios o de su grupo familiar directo. “Esta información se brinda al inicio del vínculo laboral, cuando existen actualizaciones del patrimonio o bien al terminar la relación de trabajo y se trata de datos muy útiles para descubrir  inconsistencias en el marco de investigaciones judiciales”, explicó Fossati.

En la práctica, la declaración de bienes constituye una de las herramientas para que la Gerencia General de Auditoría y Responsabilidad Profesional del organismo pueda prevenir y denunciar  actos de corrupción. A la vez, le permiten controlar el cumplimiento de las normas legales vigentes -principalmente  del código de ética de la Agencia-  y advertir posibles conflictos de intereses.

Esta área de la Agencia de Recaudación desarrolla la labor de control interno y aplica las políticas de transparencia. Cuando existe presunción de irregularidades se encarga de investigar las conductas del personal y, de corresponder, instruye sumarios administrativos y/o formula denuncias penales.

Además de la presentación patrimonial que todo el personal de ARBA realiza ante el organismo, “alrededor de 3.000 agentes, entre los que se cuentan autoridades, responsables del manejo de fondos y empleados que revisten en puestos de control y fiscalización de contribuyentes, debieron cumplir con una segunda declaración, que tiene carácter público y se enmarca en las políticas de transparencia que comenzó a aplicar este año el gobierno de Vidal”, explicaron desde la Gerencia General de Auditoría y Responsabilidad Profesional.

Esta declaración abarca a funcionarios y agentes que trabajan en el ámbito del Poder Ejecutivo, lo que incluye ministerios, entidades autárquicas como ARBA, empresas del Estado provincial, Policía y Servicio Penitenciario, entre otros entes y organismos gubernamentales.

Los alcanzados por la obligación deben presentar su declaración de bienes en la Escribanía General de Gobierno de la Provincia. Junto con la información patrimonial detallada del agente estatal y sus familiares, la presentación incluye una versión sintética de la misma que queda a disposición de la ciudadanía para que pueda consultarla. El plazo de entrega, que fue prorrogado para facilitar que todos tuviesen tiempo de cumplir con este compromiso público, vence el 1° de septiembre de 2016.