La jueza de faltas del partido de Ramallo, Sol Aroza, fue entrevistada este viernes en el programa Tras que éramos pocos (FM 104.1, Radio Ramallo), conducido por Ariel Ribak, en una nota donde abordó dos temas que generaron repercusión en la comunidad: la polémica multa de más de dos millones de pesos aplicada a un motociclista y las amenazas recibidas por el intendente municipal.

Repudio a las amenazas

Antes de entrar en el tema central de la entrevista, la jueza pidió la palabra para leer una declaración que había preparado de antemano. "Quiero expresar públicamente mi repudio a cualquier forma de amenaza, violencia, intimidación contra una autoridad democráticamente elegida", afirmó.

Aroza remarcó que las diferencias políticas no habilitan ningún tipo de agresión: "Las diferencias se discuten con argumentos, nunca con amenazas ni violencia". Y agregó que este tipo de hechos "lesionan las instituciones y las reglas de convivencia democrática" que la sociedad debe proteger.

La multa que generó debate

El eje de la nota fue la repercusión de una infracción de tránsito que tomó estado público: la boleta de más de dos millones de pesos labrada a una persona que circulaba en moto sin cumplir con los requisitos legales, un monto que —según se comentó al aire— podría superar el valor del propio vehículo.

Consultada al respecto, la jueza fue categórica: "No tiene que ver con el valor del motovehículo o del vehículo. Tiene que ver con la conducta", explicó. Y lanzó una serie de preguntas retóricas para justificar la severidad de las sanciones: "¿Tiene precio la vida de alguien?", "¿tiene precio que no lleve seguro?", "¿tiene precio que por no llevar casco se transforme en lesiones gravísimas?".

Según detalló, la naturaleza del derecho de faltas "es de disuasión" y no responde a un fin recaudatorio. Además, explicó el mecanismo de cálculo: las multas se fijan en "unidades fijas de combustible" —hoy en $2.271— que se multiplican según la gravedad de la infracción. Por ejemplo, circular sin carnet habilitante implica una sanción de 300 unidades fijas.

La funcionaria también defendió la agilidad del trámite para regularizar la documentación: "Es inmediato", señaló, destacando que en Villa Ramallo el carné de conductor vencido puede renovarse en menos de dos horas.

"Hay que tener mano dura"

Durante la entrevista se leyeron al aire mensajes de oyentes. Uno de ellos, firmado por Luis, planteaba que "con las motos solo el 1% andan en regla" y reclamaba mayor rigurosidad en los controles. La jueza coincidió sin matices: "Comparto totalmente. Hay que tener mano dura con respecto a las infracciones de tránsito. Se evitarían un montón de dolores", respondió.

Aroza vinculó la falta de cumplimiento normativo con la cercanía propia de una ciudad chica: "No nos respetamos, Ariel, es tan simple como eso", dijo, al explicar por qué en otras ciudades las normas se acatan con mayor rigor.

Secuestro y compactación de motos

Otro de los puntos abordados fue el proceso de compactación de motovehículos secuestrados. La jueza precisó que, pasados los 90 días sin que el titular retire la unidad, "el Estado está en condiciones de comenzar el proceso de compactación" —en el caso de los autos, el plazo es de seis meses—.

Según explicó, actualmente hay 35 titulares de motos secuestradas que aún no fueron a reclamar sus vehículos ante el Juzgado de Faltas, ubicado en Avenida San Martín. "Ningún paso puede obviarse", advirtió sobre el procedimiento, que requiere presentar documentación, seguro y carné habilitante, además de abonar depósito y acarreo.

Aroza vinculó buena parte de esos casos con irregularidades más profundas: "Tenemos un gran campo automotor adulterado, que es preocupante", dijo, al señalar que muchas motos secuestradas están vinculadas a delitos como robo o venta de drogas.

Independencia de poderes

Consultada sobre su relación con el Poder Ejecutivo municipal, la jueza remarcó la autonomía de su cargo: "Los poderes son absolutamente independientes", sostuvo, aunque aclaró que mantiene diálogo permanente con el intendente y con el Concejo Deliberante para "poder llegar a tener las herramientas más perfectas" en materia de tránsito.

Sobre los dos intendentes con los que le tocó convivir en el cargo, aseguró que ninguno intentó interferir en sus decisiones: "Es lo que debe ser", afirmó.

Educación vial, un pendiente

Hacia el final de la nota, Aroza insistió en la necesidad de incorporar la educación vial como materia obligatoria desde el nivel inicial. "Debería hablarse y establecerse como materia obligatoria", planteó, en línea con otras materias como Educación Sexual Integral.

La entrevista cerró con un llamado directo a la comunidad: "Si no lo hacés porque no te querés cuidar o no querés cuidar del otro, hacelo por lo que tenés en el bolsillo", concluyó la jueza, en referencia al costo de circular sin la documentación en regla.