“Sigue siendo una problemática importante el tema del tránsito”, afirmó la funcionaria, al trazar un balance de las intervenciones actuales. En ese sentido, explicó que el cambio de estación redujo otros reclamos —como los vinculados a malezas— y concentró la atención en la circulación vehicular: “Principalmente en este momento lo que se está llevando la mayor atención son las políticas de control de tránsito”.

Entre las infracciones más frecuentes, Aroza mencionó la falta de documentación obligatoria, aunque destacó dos ejes que crecieron en relevancia: “Tenemos el escape no reglamentario, que es una cuestión de medio ambiente y contaminación, y también situaciones de conducción bajo los efectos del alcohol”.

La incorporación de tecnología para medir con precisión el nivel de alcohol en sangre permitió endurecer los controles. “Ahora con la medición exacta tenemos distintas gradaciones y sanciones según el nivel de alcoholemia”, explicó. En ese marco, confirmó que ya se registraron casos positivos: “Lamentablemente sí tuvimos y están con la sanción respectiva ya resuelta”.

Las penalidades, detalló, no se limitan a una multa económica. “La sanción tiene tres patas: multa, curso obligatorio sobre consumo y conducción, e inhabilitación para manejar”, precisó. En los casos más leves —hasta 0,30 gramos de alcohol en sangre— la multa ronda los 70 mil pesos y la inhabilitación es de 30 días. Sin embargo, a medida que aumenta la graduación alcohólica, también lo hacen las sanciones: “A partir de 0,70 hasta 1 gramo, puede haber 210 días de inhabilitación”.

La jueza recordó además que en la provincia rige la política de “alcohol cero” al volante, lo que endurece aún más el marco normativo. En ese sentido, las sanciones se apoyan en la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y la Ley Provincial 13.927, además de la normativa local.

Más allá de los números, Aroza puso el foco en el impacto social de estas conductas. “Tuvimos hechos muy tristes vinculados a conducción con alcohol y sin casco. Ojalá sirvan como llamado a la conciencia”, expresó.

Uno de los puntos más delicados que surgen en el trabajo cotidiano del juzgado es la participación de menores en infracciones graves. “Tenemos conducción en chicos muy chicos, de 13 o 14 años”, advirtió, y apeló directamente a la responsabilidad familiar: “A veces le digo a los padres: agradezcan que vienen a un juzgado por una multa y no a un hospital por una situación grave”.

En esa línea, insistió en la necesidad de fortalecer la educación vial desde edades tempranas: “Debe existir la educación vial como materia obligatoria, es muy importante”.

Respecto al vínculo con la comunidad, Aroza reconoció que, si bien en un comienzo hubo resistencia, la situación fue cambiando con el tiempo. “Estamos aprendiendo que las normas existen y no son meras sugerencias”, sostuvo, y remarcó la importancia de comprender el sentido de las reglas: “Nos toca bajar la norma a los hechos y explicar el porqué de cada una”.

Finalmente, destacó que, pese a las tensiones propias de las sanciones, se ha logrado avanzar hacia una mayor aceptación social del ordenamiento. “Ha cambiado mucho la población en cuanto a las contravenciones y la necesidad de reglamentación”, concluyó.