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3 de noviembre de 2025

Fernando Huarte, en dialogo con Estación Macondo; referente de la ONG Unidos por la Vida y el Medio Ambiente, advirtió que el emprendimiento es “inviable” y pidió abrir una mesa de diálogo para evitar un conflicto.
Los vecinos de Costa Pobre volvieron a ocupar un lugar central en la agenda pública de Ramallo. El pasado jueves, representantes del paraje se hicieron presentes una vez más en la sesión del Concejo Deliberante, donde presentaron una nota de apoyo al proyecto impulsado por el bloque Juntos-UCR que propone declarar al área como patrimonio histórico y natural.
La iniciativa busca preservar la zona ribereña frente al avance del emprendimiento portuario impulsado por la empresa Oramac.
Fernando Huarte, veterinario e integrante de la ONG Unidos por la Vida y el Medio Ambiente, habló tras la sesión y reiteró los principales reclamos del grupo de familias que reside en el lugar.
“Estamos asistiendo a todas las sesiones del Concejo, esperando una respuesta concreta. La iniciativa de Costoya representa un reconocimiento al valor histórico, cultural y ambiental que tiene Costa Pobre”, expresó.
Huarte recordó que el Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) vigente en Ramallo, aprobado en 2023 y homologado por la Provincia en 2024, prohíbe cualquier tipo de intervención en la zona donde se proyecta el puerto.
“El código define el área como zona naranja o roja, es decir, de protección ambiental. Si alguien limpia el terreno o inicia obras allí, estaría cometiendo un delito”, afirmó, en alusión a declaraciones del empresario Carlos Bauzá, quien manifestó su intención de comenzar los trabajos en enero.
Desde la empresa se informó que las gestiones ante los organismos provinciales se encuentran en trámite y que el proyecto avanza dentro del marco legal.
Sin embargo, Huarte insistió en que, antes de cualquier presentación, sería necesario modificar el código, dado que “el actual prohíbe expresamente ese tipo de desarrollos”.
En relación con las declaraciones del intendente Mauro Poletti, quien consideró que se trata de “un conflicto entre privados”, Huarte sostuvo que el Ejecutivo “apadrina el proyecto” y que el empresario “fue mal asesorado”.
“No creo que alguien invierta en una zona habitada desde hace más de 50 años sin contar con el aval político. Este emprendimiento, tal como está planteado, es inviable y solo generará conflicto si se intenta avanzar por la fuerza”, remarcó.
El referente vecinal también cuestionó los datos del relevamiento realizado días atrás, que —según dijo— contabilizó solo 12 familias residentes en el predio. “Ese censo se hizo un día hábil, a las diez de la mañana, cuando la mayoría estaba trabajando. En Costa Pobre hay al menos 80 viviendas habitadas de manera permanente o estacional. No se puede minimizar la magnitud de la comunidad”, sostuvo.
Los vecinos aseguran que no se oponen al desarrollo, pero piden que el proyecto respete el marco ambiental y social. “Si el empresario hubiera dialogado antes de comprar, se habría evitado este nivel de confrontación. Hay familias que viven allí desde hace décadas. No se puede proyectar un puerto a mil metros del casco urbano sin consenso y sin estudios de impacto ambiental”, advirtió Huarte.
Entre los aspectos más sensibles, mencionó la posible instalación de una termoeléctrica y el movimiento de cargas a granel y fertilizantes en un área cercana al río Paraná.
“Eso no solo afectaría el ecosistema de la costa, sino también la calidad de vida de quienes vivimos en Ramallo”, alertó.
Ante este panorama, el vocero de los vecinos pidió abrir una instancia de diálogo real.
“No queremos llegar a la vía judicial. Pedimos que se frene la escalada y se convoque a todas las partes. Por la fuerza no se va a resolver nada y podríamos lamentar consecuencias graves. Ramallo necesita mantener su equilibrio y proteger su patrimonio natural”, concluyó.
La controversia por el puerto de Costa Pobre continúa generando posiciones encontradas entre el Ejecutivo municipal, los concejales, la empresa desarrolladora y los vecinos del paraje.
Mientras tanto, el Concejo Deliberante evalúa el pedido de informes sobre la titularidad de las parcelas y la posibilidad de avanzar con la declaración de la zona como área protegida, una medida que podría marcar el futuro del proyecto y del emblemático paisaje costero.
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