La apertura indiscriminada de las importaciones está generando un fuerte impacto en el sector productivo argentino.

En particular, los productores de alimentos y bebidas de las economías regionales están viviendo momentos de gran preocupación debido al vertiginoso aumento en las importaciones de estos productos.

Según datos del INDEC, en septiembre pasado se destinaron 148 millones de dólares a la compra de alimentos y bebidas en el exterior, lo que representa un incremento interanual del 41%.

Esta cifra marca un nuevo récord y evidencia una tendencia al alza que se inició a mediados de año.

"Esta situación es insostenible", alerta Instituto de Desarrollo Agroindustrial Argentino, quien señala que "la desregulación de las importaciones, sumada a la devaluación del peso, está haciendo imposible que los productores locales puedan competir".

El aumento de los costos en dólares, sumado a la caída del consumo interno, está asfixiando a las cadenas agroindustriales y poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo.

El informe del IDAA advierte sobre los riesgos de esta política: "La apertura indiscriminada de las importaciones puede llevar a la pérdida de capacidad productiva, a la disminución de la oferta de alimentos frescos y de calidad, y a una mayor dependencia del exterior".

Además, se pone en riesgo la generación de divisas a través de las exportaciones de productos con valor agregado.

Los productores de economías regionales, especialmente afectados por esta situación, denuncian que la competencia desleal de los productos importados está poniendo en peligro su supervivencia.

Algunos productos, como el vino y el tomate, han visto incrementadas sus importaciones en más de un 500% en lo que va del año.

Desde el Gobierno, en tanto, se justifica esta política como una medida para abaratar los costos y combatir la inflación. Sin embargo, los productores advierten que esta medida está teniendo un efecto perverso sobre la producción nacional y que, a largo plazo, puede generar una mayor dependencia del exterior.

La situación plantea un serio desafío para el Gobierno, que deberá encontrar un equilibrio entre la necesidad de abrir la economía y la protección de la producción nacional.

Los productores, por su parte, exigen medidas urgentes para frenar el avance de las importaciones y garantizar la supervivencia de las cadenas agroindustriales.