. El fallo de la justicia federal tuvo otro agregado que sumó importancia: no solo se condenó a la empresa denunciada, sino también a la propia Provincia, luego de que se comprobara que su organismo de control, el Organismo para el Desarrollo Sostenible (OPDS) había “incumplido su misión legal”, algo que para los jueces de la causa resultó algo significativo. El Norte hablo con los trabajadores quienes señalaron que la compañía sigue trabajando, liquidó mal las indemnizaciones y por otro lado no dejo a los operarios a retirar sus pertenencias. En total fueron siete los despedidos y ninguno recibió lo que le corresponde informaron a este medio.

“No dieron la liquidación, nos pagaron mal, no nos dejaron retirar nuestras cosas. La fabrica sigue operando pese a estar clausurada. Tienen gente trabajando en negro y en muy malas condiciones laborales” dijo un trabajador al tiempo que remarcó “la fabrica está clausurada y nadie hace nada y sigue trabajando”.

Los trabajadores hablaron sobre el  momento que viven y de la falta de acompañamiento por parte de autoridades del estado municipal, dirigentes sindicales, concejales y el propio Ministerio de trabajo “nadie habló con nosotros de la municipalidad de Ramallo, nadie se acercó a hablar. Hay muchas irregularidades en la empresa y miran para otro lado”

Luego reiteraron “nos liquidaron hoy mal las indemnizaciones. Se cagaron en la ley. El jueves a las 10 hs. tenemos una reunión con el Ministerio de Trabajo nos dicen que es virtual. Hoy llamamos y nadie hizo nada, se cagan en todos, sacan camiones de brea y nadie hace nada. Ellos tienen gente trabajando adentro con total impunidad. Nosotros pensamos que alguien pone plata y alguien la recibe porque  nadie hace nada”.

Fueron  siete operarios los despedidos. La compañía que se encuentra ubicada en la punta norte del partido de Ramallo además tiene personal contratado informaron a este medio. “Cuando nos echaron, nos hicieron trabajar todo el día como perros y cuando nos íbamos nos mostraron una fotocopia de despido, sin causa, sin ningún motivo.  Todo fue sin demasiadas explicaciones, nos echaron sin motivo. Recibimos la fotocopia del telegrama, no un telegrama de despido” recordaron.

Los trabajadores fueron despedidos sin causa por parte de la empresa, y el salario estaba entre 20 mil y 30 mil pesos por mes cuando el convenio colectivo de trabajo marca para el sector alrededor de 80 mil pesos mensuales.

Consultado sobre si habían tenido en estos días algún acercamiento con dirigentes sindicales expresaron “nosotros no tenemos gremio, nada y nadie se acercó. Estamos completamente solos en esto”.

 “La empresa produce brea, naftalina, derivados del alquitrán. La planta estaba clausurada por el OPDS, le clausuro vestuarios, comedor porque la gente no puede estar ahí dijeron. Ahora hay trabajando en negro cinco o seis personas en condiciones muy malas” concluyeron.  

La empresa fue condenada porque “generó un desastre ambiental en las costas del río Paraná, contaminando severamente con restos del destilado de alquitrán de hulla un amplio sector de aledaño a la planta, afectando suelo, barrancas, bosques nativos, humedales y el propio curso del río Paraná, la contaminación constatada afectó la biodiversidad de ese valioso entorno natural”.