En aquel entonces un grupo de ciudadanos- se trató de una lucha colectiva- planteábamos que no se podía vender un espacio público y recurrimos al poder judicial luego de la bochornosa venta por parte del Concejo que perdió lo de honorable y nunca más lo recuperó. El ciudadano Hugo Chiappari fue el firmante de aquella acción judicial, otros ciudadanos pusieron el dinero para que el abogado trabaje en la tarea de evitar la entrega, quien escribe figuró como testigo en el amparo luego de haber informado y sumado a Hugo al grupo, otros se ocuparon de conseguir argumentos oficiales para comprobar diferentes actos que la propia Municipalidad había realizado como partidas presupuestarias que se habían erogado para la plaza, con el fin de demostrar que ese lugar siempre había sido una plaza del pueblo.
El poder judicial luego de un tiempo se expidió, la jueza dijo NI: anuló el paso que el Concejo Deliberante había dado de vender ese espacio porque no estaba escriturado como bien municipal por lo tanto no se podía vender y también reconoció la jueza NI, que se había comprobado, que quienes interpusimos amparo habíamos demostrado que el lugar era un bien municipal porque los usos y costumbres así lo indicaban al igual que las pruebas.
La historia aquella tiene un punto en común con lo que hoy se pretende y es que en la discusión y pelea por no perder ese espacio público estaba el argumento que la plaza constituía un excelente balcón para la vista del majestuoso Paraná y construir el hotel ahí significaba privar a los ciudadanos de ese paisaje, sobre todo a los ciudadanos de a pie. Acá el argumento de Poletti- y por el silencio que hacen debe ser el de todos los concejales del FpV- es que ese bien comprado por un privado y en sociedad con otro para cambiar la zonificación y construir un edificio de 10 pisos no afecta ningún bien público y eso genera una ganancia para el Estado municipal de 560 mil pesos más la bajada al río que harían los emprendedores.
El argumento puede resultar atractivo a simple vista sino se analiza en profundidad que: 1) La bajada a San Francisco Javier, la podría hacer el propio Estado municipal porque es su función la de abrir calles y sería importante seguir pensando en un proyecto turístico que tenga como bien seguir ampliando el acceso a nuestro río. 2) San Nicolás, Mar del Plata, son ejemplos de ciudades donde se ha privatizado el paisaje, y ahí pierde el peatón la escala visual, solamente la tienen como privilegiados los que viven en esas torres. 3) El error u horror garrafal es que el gobierno de Mauro Poletti envía el proyecto luego que dos emprendedores se sentaran con él y negociaran el cambio de zonificación en su despacho y el Estado les pide: plusvalía más bajada. Olvidándose que lo primero que debió decirles es que ese lugar está como zona complementaria y no se puede edificar una torre ahí, porque Ramallo no puede crecer deforme al capricho o interés del boom inmobiliario y el Estado municipal debe planificar un crecimiento para Ramallo armonioso y no afectando la vista al río cuando se pretende un Ramallo turístico. Eso no sucedió, porque lo que reinó fue un negociado y porque el gobierno de Poletti no tiene claro hacia dónde debería crecer Ramallo.