“En realidad el laboratorio Apolo tiene una historia previa a antes que yo entrara al concejo. Al concejo deliberante le toco intervenir frente a la situación de precariedad laboral que estaban los trabajadores. Los trabajadores se acercaban al laboratorio por precarización y falta de seguridad en el laboratorio, de todo esto nos enteramos previamente a lo que fue la explosión del laboratorio el 27 de junio. Un vecino que vivía al lado del laboratorio sufrió lesiones. Lo que nosotros, lo que planteamos estaba vinculado a las normativas locales. Esa explosión tuvo que ver aparentemente con la explosión de una caldera. Justamente lo que planteamos estaba vinculado a las normativas locales que estaba previsto en estas industrias que son de categoría 3 y que estaba aprobada desde el año 2012 y lo que planteamos era que tenían que estar en las afueras de la ciudad. Cuando se da la explosión nos dicen los vecinos que hubo una explosión anterior el 8 de diciembre y vimos videos de eso” dijo la edil del bloque de Iniciativa Popular. 

“Después se conoce que este laboratorio se le autoriza por parte del Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica)  el uso de precursores químicos.  Lo cual en un momento del país en que se investiga la mafia de los medicamentos, en donde está más que nunca vigente el tema de narcotráfico, ponemos el acento sobre esto y nos preocupa. Más que nada que rol ha cumplido el Anmat y el Sedronar (Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico). Y desde el año 2013 desde el  concejo le dimos una herramienta al municipio para que frene cualquier proceso de habilitación que manipule precursores químicos. Es decir que si bien las competencias no son de los municipios respecto de los laboratorios como actividad, pero nosotros creíamos que desde el año 2013 el municipio tenía que tener mayor cantidad de herramientas cuando un emprendimiento empiece a manipular precursores químicos y se dicto esta herramienta a modo retroactiva” explicó. 

“Muchos ex trabajadores han sido un poco voceros de lo que sucedía en el laboratorio. Nosotros queríamos los puestos de trabajo y planteamos que el laboratorio se pudiera trasladar a otro lugar de la ciudad para sostener los puestos de trabajo. Para nosotros los puestos de trabajo son importantes pero  nos parece importante que esos puestos de trabajo cumplan con los requisitos de la ley de trabajo” remarcó. 

“El concejal Boasso, tuvo la posibilidad de contactarse con la diputada Graciela Ocaña que fue una mujer que trabajó intensamente en la mafia de los medicamentos y en la causa había algunos nombres que se reiteraban. Nosotros no teníamos información clara y certera que se hacía en ese laboratorio. También porque no se aplicaban determinadas normativas. Aparentemente se operaba con efedrina pero todavía no tenemos la información. Tanto el Sedronar y el Anmat tiene que poner más el ojo en estas industrias. Es un caso que tiene muchas aristas” concluyó Gigliani.