La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (ADIBA) manifestaron su preocupación por las nuevas disposiciones del municipio de Ramallo para el transporte de cargas. En un comunicado difundido el 23 de octubre, ambas entidades señalaron que el registro obligatorio para los transportistas suma requisitos administrativos y podría incrementar los costos de la actividad.

El documento, titulado “Aduana interior: tras imponer un peaje ilegal, el municipio de Ramallo crea un registro de transporte que pone en riesgo de clausura a las fábricas”, plantea objeciones al Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado (SIGTP), establecido mediante una ordenanza municipal del 19 de octubre.

Según explicaron las organizaciones, el sistema exige a los transportistas registrarse y tramitar autorizaciones para operar dentro del distrito. Desde UIPBA y ADIBA sostienen que estos requisitos presentan similitudes con los contemplados en el Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), eliminado por el Gobierno nacional en 2024.

En el comunicado, las entidades también expresaron inquietud por las posibles sanciones ante incumplimientos, entre ellas multas, restricciones a la circulación y retenciones de vehículos. Otro de los puntos señalados es la responsabilidad solidaria que, según indican, alcanza a las empresas que contratan los servicios de transporte.

El peaje, otro punto de discusión

Las observaciones de las entidades industriales se suman a los cuestionamientos que habían planteado por el cobro aplicado al transporte pesado en un tramo de cinco kilómetros del ex Camino Provincial 87, utilizado para acceder a la zona industrial y al puerto de San Nicolás.

De acuerdo con el comunicado de UIPBA y ADIBA, los importes por viaje oscilarían entre $25.000 y $62.000. Las organizaciones estimaron que la medida alcanza a más de 100 empresas y que el costo anual podría llegar a los $500 millones por compañía.

El documento también hace referencia a la instalación de un pórtico de telepeaje y a las gestiones solicitadas a los transportistas para obtener el dispositivo TAG y registrarse en el sistema.

Para las entidades, la combinación del cobro y los nuevos trámites podría sumar costos al traslado de insumos, materias primas y productos terminados, con posibles consecuencias para la competitividad de las empresas.

Un corredor importante para la industria

En su presentación, UIPBA y ADIBA remarcaron la importancia del corredor que conecta la zona industrial de Ramallo con el puerto de San Nicolás, por donde circulan cargas vinculadas con la producción y las exportaciones.

Las organizaciones plantearon que la incorporación de nuevas exigencias administrativas y costos de circulación puede dificultar la actividad logística. También advirtieron sobre la posibilidad de que medidas similares se repliquen en otros municipios y generen nuevos gastos para el transporte de una misma carga a lo largo del país.

De esta manera, el comunicado de ambas entidades suma un nuevo capítulo al debate por las disposiciones municipales que regulan el tránsito pesado en Ramallo. El planteo del sector industrial se centra en el impacto que podrían tener estas medidas sobre la logística y la actividad productiva de la región.