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4 de septiembre de 2026
La reforma de los biocombustibles avanza en el Senado y genera alarma en las pymes de Ramallo
El dictamen de mayoría de la nueva ley aumenta el corte obligatorio de biodiésel al 10%, pero reduce de forma paulatina el mercado protegido para las pequeñas y medianas empresas. La cámara del sector (CEPREB) advierte que plantas locales como Bio Ramallo S.A. quedarán en desventaja comercial frente a las grandes aceiteras del Gran Rosario.
El proyecto de la nueva Ley de Biocombustibles avanzó un paso decisivo en el Congreso de la Nación tras obtener dictamen de mayoría en las comisiones del Senado. La normativa introduce modificaciones estructurales en el mercado de los combustibles renovables. Si bien la propuesta incrementa el uso de biodiésel en el transporte, establece un esquema de apertura comercial que genera un fuerte rechazo entre las pymes del interior del país, incluida la firma local Bio Ramallo S.A.
El aspecto técnico central de la ley dispone que la mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil subirá del 7,5% actual al 10%, implementándose mediante un proceso de transición de 12 meses desde su promulgación. Este incremento amplía el volumen global del mercado interno, lo que permitiría aprovechar la capacidad instalada de Bio Ramallo, estimada en unas 50.000 toneladas anuales.
Sin embargo, el punto de conflicto radica en la distribución de ese cupo. El texto acordado establece un esquema de reducción progresiva del mercado reservado de manera exclusiva para las pymes no integradas. Durante el primer año, estas empresas retendrán el 7,5% del corte, pero la cuota protegida disminuirá anualmente (6,5% en el segundo año, 5,5% en 2029, 5% en 2030) hasta consolidar un piso fijo de solo el 3% para el período 2031-2036.
El 7% restante del mercado total quedará liberado a un sistema de subastas electrónicas y libre competencia. Bajo esta modalidad, empresas medianas como Bio Ramallo —radicada en el Parque Industrial Comirsa— deberán competir de forma directa por los contratos de suministro contra las grandes compañías agroexportadoras integradas, ubicadas principalmente en el nodo portuario del Gran Rosario. Estas multinacionales poseen ventajas operativas críticas, ya que controlan el procesamiento directo del poroto de soja y anulan los costos de flete interurbano de la materia prima.
En términos de empleo, el achicamiento del cupo pyme pone en riesgo directo los puestos de trabajo de la región. Bio Ramallo S.A. emplea de manera directa e indirecta a decenas de familias locales en tareas que van desde la operación técnica de su planta de procesamiento diario hasta la logística de transporte del biocombustible. A nivel nacional, la cámara CEPREB estima que el ecosistema de las 25 plantas pymes del interior del país sostiene cerca de 2.000 empleos directos y más de 4.000 indirectos, concentrados en comunidades pequeñas donde estas fábricas actúan como motores de la actividad económica y el arraigo local.
La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), entidad en la que participa la planta ramallense, ratificó su rechazo al dictamen. Los voceros del sector señalaron que la falta de mecanismos de protección regional y el achicamiento del cupo asignado comprometen la viabilidad económica de unas 25 plantas distribuidas en el interior de las provincias argentinas. Con el dictamen aprobado, el proyecto quedó habilitado para su tratamiento y votación definitiva en el recinto de la Cámara Alta.
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