El viernes pasado, el Poder Judicial dispuso una medida cautelar de no innovar sobre el sector de Costa Pobre, en Ramallo, y suspendió los movimientos de suelo vinculados al proyecto de un puerto multimodal.

La resolución fue confirmada en Radio Ramallo por el abogado Fabián Maggi, representante de la Asociación Civil Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA), impulsora de la denuncia.

“Lo que se ordena es no continuar con ningún tipo de movimientos de suelo en todo ese ámbito, hasta tanto no se exhiban las correspondientes habilitaciones ambientales para llevar adelante esas tareas”, explicó Maggi. Según precisó, la Justicia notificó tanto a la empresa como al municipio.

El letrado aclaró que la investigación no gira en torno a quién es el propietario del terreno: “No se trata de una cuestión dominial de quién es la propiedad”, sostuvo, y remarcó que “esta medida cautelar es dictada en el marco de una investigación penal por la probable comisión de diversos delitos”.

Entre los hechos analizados figura la destrucción de la continuidad de calle Traverso, ingreso histórico al barrio Costa Pobre. “Meter máquinas de prepo a destruir un camino y cortar un paso es una conducta penalmente reprochable”, subrayó Maggi.

Y reiteró: “No se puede por la fuerza meter una máquina y destruir un camino, por más escritura que se tenga”.

El abogado señaló que la investigación podría involucrar a funcionarios municipales: “Quizás podríamos hasta afirmar que en mayor medida es contra el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos”.

Agregó que también se investigan “la falsedad ideológica de determinados instrumentos públicos” y “declaraciones públicas tanto del Intendente como de una concejala del bloque oficialista”.

En la entrevista, Maggi insistió en que deben respetarse los procedimientos formales: “Cualquier persona que se considere con derecho tiene que recurrir al Poder Judicial para que le reconozca ese derecho y le diga de qué manera lo puede ejercer”.

Sobre los pasos a seguir, el representante de la ONG destacó: “Nuestra mirada está puesta 100% en la actividad de la Municipalidad de Ramallo, que en definitiva es el Estado”. Y reclamó que el Ejecutivo informe cómo resolverá el acceso dañado al barrio: “Esperamos que el Intendente salga a dar las declaraciones públicas necesarias y le informe a la ciudadanía qué medios va a arbitrar para reparar esa calle”.

La cautelar permanecerá vigente mientras avanza la causa penal y se evalúan las presentaciones del municipio y la firma privada. El conflicto volvió a encender el debate sobre el manejo de la ribera, la transparencia institucional y las garantías ambientales en el distrito.