Un grupo de vecinos, que cuentan "con construcciones en la zona desde hace más de 40 años" —entre viviendas permanentes y ranchos de fin de semana— se movilizó nuevamente al concejo para acompañar el proyecto y expresar su rechazo a la obra portuaria. Los residentes argumentaron que su permanencia "histórica les otorga derechos sobre la propiedad y el uso de la tierra".

En el debate político, la concejal oficialista Marcela Isarra sostuvo que “no se puede legislar sobre un bien privado”, generando el rechazo de los vecinos que defienden la iniciativa de protección patrimonial. La discusión refleja la tensión entre intereses comunitarios y proyectos de desarrollo, y anticipa que la resolución final podría terminar en instancias judiciales.

El pase a comisiones marca un nuevo capítulo en la controversia que atraviesa “Costa Pobre”, donde se mezclan la política local, la defensa vecinal y las decisiones sobre el uso del territorio. Los defensores del proyecto consideran que la declaración como Patrimonio no solo protegería las construcciones existentes, sino que también preservaría el valor ambiental, cultural y paisajístico de la zona.