En un comunicado afirmaron que, “las actitudes de algunos funcionarios y delegados municipales se enmarcan dentro de conductas antisindicales que nos recuerdan la peor de nuestras épocas como país: amenazas, aprietes, instalar el miedo, y métodos extorsivos para que los trabajadores no se adhieran al paro”.

Además, remarcaron que, "la medida de fuerza decidida en Asamblea General fue notificada a su debido tiempo al Ministerio de Trabajo, por lo tanto, el paro es legal y democrático”.