Se presentan así  problemáticas que deberían ser discutidas para conformar una agenda territorial actual como lo es  la articulación de los conflictos urbanos y ambientales y  los desafíos de la implementación, en especial, la capacidad estatal de coordinar, de articular, entre actores públicos y privados y de promover una participación ciudadana que recoja el desafío de hacer una planificación urbana de modo tal de que Ramallo sea el territorio de disputa por la integralidad de las políticas públicas.
   No se puede naturalizar como lo hace el gobierno local con la excusa de que no hay nada para hacerse luego de que en 2011 se llevó adelante desde el Concejo Deliberante aprobaciones horrorosas de cambios de zonificación de rurales a industriales pasando por alto viviendas con habitantes, reconocidos como asociaciones vecinales por el propio municipio años atrás como sucede en Tonelero. Esa judicialización no ha sido caprichosa, responde en todo caso a un resguardo que tiene argumentos jurídicos y normativos que van a contramano de lo que se dispuso ante el apuro de representantes que corrieron detrás de modificaciones inconsultas en pos de darle la bienvenida a inversiones privadas produciendo al mismo tiempo un desordenamiento territorial de nuestra costa que choca con ese Ramallo turístico tan proclamado e implementado por quienes nos gobiernan y nos han gobernado.
   El desafío que se presenta para la política es reinterpretar el reto que es poner al debate de la luz pública la cuestión de calidad y de modo de organización urbana para Ramallo, utilizar el gobierno todo su accionar para llevar adelante una verdadera transformación política discutiendo un nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial de cara al pueblo debe ser la tarea donde las preguntas fundamentales como punto de partida serían: qué estructura territorial adoptar, qué tipo de productos y de diseño de piezas urbanas son los más convenientes, qué modelo de periferia, cuál debe ser la relación de las nuevas urbanizaciones con el paisaje y la naturaleza, entre otros aspectos.
   Ramallo no puede quedar anclada a una privatización de su zona costera porque los intereses de unos pocos privados así lo indicaron. Debe saberse que si la política es transformar para bien la vida de los pueblos los planes de urbanismo están paulatinamente introduciendo las condiciones ambientales y el respeto al entorno y al paisaje urbano en las estrategias de desarrollo territorial. 
   El territorio formalizado en un paisaje urbano y rural concreto, identificable de cada ciudad y de su propia diversidad, empieza a ser, cada vez más, un elemento marco y el objeto mismo de la planificación urbanística y es parte de un clamor popular existente que no puede ser desoído por quienes gobiernan o por quienes han decidido ser precandidatos o candidatos a concejales en las próximas elecciones.
   No se está cuestionando la necesidad de más plazas, más árboles o más verde, desde una organización, una asamblea vecinal, una ong, sino la confusión que está teniendo el gobierno local con lo “ambiental” y lo “natural” como uno de los deslices más comunes. El ambiente urbano es esencialmente un ambiente construido y, el componente ambiental del espacio público debe ser entendido desde una mirada integral que incorpore los aspectos culturales de las identidades locales. La noción de lugar, de representación simbólica de lo construido, de relectura de los lenguajes arquitectónicos, de recuperación de la historia, o mejor de “las historias”, son los componentes fundamentales del ambiente urbano que otorgan sentido al proyecto de espacio público de nuestras ciudades a los que se debe atender.
   En consecuencia, se debe abrir el juego a la discusión democrática de qué Ramallo queremos. La posibilidad de profundizar ese debate significa una oportunidad para repensar un conjunto de metodologías alternativas que, basadas en un replanteamiento de las relaciones entre gobierno, territorio y comunidad, permitan diseñar nuevos marcos y enfoques de actuación más democráticos y participativos y, por lo tanto, diferentes de los de la planificación “tradicional”, que es la de respetar la lógica del mercado, la de un ordenamiento desordenado que se pretende y que choca y lastima ese Ramallo turístico que muchas veces hemos escuchado y del que ya ni nos hablan por darle paso en la costa a los negocios privados y privativos para la sociedad de ese espacio público costero que está en riesgo.