Desde el bloque de Cambiemos se había solicitado mediante un proyecto de Ordenanza implementar dentro de la Municipalidad de Ramallo un sistema obligatorio de presentación de declaraciones juradas patrimoniales y financieras anuales, donde se deberá consignar el activo y el pasivo que posean, Intendente Municipal,  Funcionarios Políticos del Departamento Ejecutivo Municipal, Tesorero Municipal, Contador Municipal, Jefe de Compras Municipal y Directores Municipales y Miembros del Honorable Concejo Deliberante de Ramallo, Concejales, Secretario, Prosecretario y Director del Cuerpo.

 La declaración jurada deberá –señalaba el proyecto de Ordenanza-- retrotraerse al estado patrimonial de la persona al momento de la toma de posesión del cargo. Deberá contener una descripción completa y detallada del Patrimonio del declarante, consignando en su Activo tanto los bienes propios como los gananciales –inscriptos a nombre de los integrantes de la sociedad conyugal- y los menores a cargo e incapaces que estén bajo su administración.

 El detalle del Activo Patrimonial del declarante tomará en cuenta los bienes registrables, fecha y precio de la compra, el valor estimado a la fecha de la declaración; las inversiones en títulos, bonos, acciones y dinero; como así también las cuentas bancarias y dinero en efectivo. El Pasivo, deberá incluir el nombre, CUIL o CUIT de los acreedores, montos y condiciones de las obligaciones contraídas. Si se tratare de comerciantes o integrantes de Sociedades Comerciales se deberá presentar el último Balance Anual o Inventario, Cuadro de Ganancias y Pérdidas y Porcentaje de Participación.

Los agentes que no cumplimenten  en término la Declaración JURADA PATRIMONIAL ANUAL, omitiéndola  maliciosamente, serán sancionados, con multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su remuneración, cuando no la presente en el término fijado y con  el ciento por ciento (100%) de su remuneración si vencido los términos,  fuere intimado a su presentación y no lo hiciera en el plazo de diez (10) días corridos.
Sobre la iniciativa del bloque opositor Zubiete en dialogo con este medio agregó “El proyecto estaba basado en una legislación provincial que data de la época del gobierno militar. El proyecto en sí tenía una normativa bastante retrograda, en cuanto a la parte inquisitiva, pedía datos no solo de funcionarios, sino también de la esposa y de los hijos e incluso de menores incapaces si hubiere. También pedía sobre deudas contraídas, nombre de los acreedores, cuilt o cuit, me parece que no en sí al objeto de la información, creo que esto hace a una violación del derecho de las personas”. 

Después manifestó “el proyecto en sí se basa sobre un par de decretos de los ’80 que establecía, determinada pautas, una obligatoriedad de presentar declaraciones juradas y la hacía extensiva a los funcionarios provinciales y a las municipalidades. A partir de ahí hubo una serie de modificaciones pero siguió en ese mismo camino. En febrero de este año el gobierno provincial dictó el decreto 116, que establece las mismas pautas pero si se quiere con un sistema más progresista. Uno tiene que brindar la información, la información de interés pero no tiene que dar el objeto de la cuestión. Por ejemplo, uno tiene que declarar un plazo fijo pero no tiene que individualizar el banco, ni el número de cuenta, ni otro tipo de dato que hace al objeto de la cuestión. Es decir que el dictamen mío es que se siguiera el hilo del decreto provincial, donde se prohíbe dar  información con respecto a los familiares, se prohíbe dar datos de cuentas bancarias en cuanto a cuit o dar datos de acreedores, me parece que si la cuestión es transparentar la cuestión y por ahí hay determinados datos que no hacen al objeto perseguido por el proyecto y hacen al derecho constitucional que tenemos todos nosotros a la intimidad”. 

Consultado sobre si años anteriores se habían presentado declaraciones juradas de bienes y patrimonio indicó: “los concejales actuales han sido funcionarios en el gobierno anterior, estoy hablando con desconocimiento, porque sé que en algún momento se intentó implementar desde el justicialismo algún sistema de declaraciones juradas y no hubo mucho quórum que digamos. Llama la atención que después de 12 años de gobierno, presentan el proyecto y no lo hicieron cuando eran gobierno, que hubiera sido interesante también ya que querían transparentar la gestión, me parecía interesante”.