En Bonifacio, un pequeño pueblo del distrito de Guaminí, la distancia tiene otra dimensión. Para realizar la Verificación Técnica Vehicular, los vecinos deben recorrer decenas de kilómetros hasta encontrar una planta habilitada. Bolívar queda a unos 100 kilómetros y Coronel Suárez, a más de cien.

Para Ignacio Zavaleta, esa realidad cotidiana fue el punto de partida de una propuesta que llegó a la Legislatura bonaerense: modificar el Código de Tránsito de la provincia para municipalizar y descentralizar el sistema de VTV.

En diálogo con Radio Ramallo, Zavaleta explicó que el proyecto fue presentado el 26 de julio y que uno de sus principales objetivos es modificar el actual esquema de concesiones regionales para permitir una mayor participación de los municipios.

“Hace años que vengo planteando este tema”, señaló durante la entrevista.

Su planteo parte de una situación que afecta especialmente a las localidades pequeñas: la ausencia de plantas cercanas obliga a los vecinos a trasladarse para cumplir con una obligación que Zavaleta considera necesaria, pero cuyo funcionamiento cuestiona.

Recursos para las comunidades

La iniciativa no propone eliminar la VTV. Por el contrario, Zavaleta sostuvo que los controles son necesarios para garantizar la seguridad vial.

“Es importante que haya controles, sobre todo en el transporte de carga, enganches y demás”, afirmó.

Para el vecino de Bonifacio, la discusión pasa por cómo se realizan esos controles y qué sucede con los recursos que genera el sistema.

Su proyecto plantea que la recaudación pueda quedar en los municipios y tenga un destino específico: infraestructura vial y caminos rurales.

“Que sea de aplicación exclusiva”, explicó al referirse al uso que deberían tener esos fondos.

También propuso que la tarifa se reduzca al mínimo posible y cuestionó que los habitantes de localidades pequeñas tengan que recorrer más de cien kilómetros para realizar un trámite que, una vez en la planta, demanda relativamente poco tiempo.

Zavaleta vinculó además su iniciativa con la normativa nacional y mencionó el artículo 31 de la Ley 24.449 como uno de los fundamentos que, según su interpretación, permitirían avanzar en la creación de talleres municipales.

Una discusión que va más allá de la VTV

La entrevista con Radio Ramallo permitió ampliar la mirada hacia una problemática que Zavaleta considera mucho más profunda: el estado de las rutas y la seguridad vial.

Desde su perspectiva, la VTV constituye solamente una parte de una política que debería incluir controles, infraestructura, regulación y mantenimiento de los caminos.

“No se soluciona solamente con medidas así abstractas. Acá tiene que haber una política integral”, sostuvo.

En ese sentido, vinculó el debate sobre la verificación de los vehículos con los siniestros viales y con las condiciones de las rutas. Su planteo es que controlar el estado mecánico de los vehículos debe ir acompañado por caminos seguros y una planificación sostenida.

También cuestionó lo que considera una orientación excesivamente recaudatoria del sistema.

“Es importante que periódicamente se hagan los controles pertinentes, pero con seriedad y no con un criterio recaudatorio”, afirmó.

El reclamo por la Ruta 65

La problemática vial ocupa desde hace tiempo parte de las gestiones de Zavaleta. Durante la entrevista contó que realizó diferentes presentaciones por el estado de la Ruta 65, particularmente en el tramo que une Guaminí con Bolívar.

Según relató, recurrió al fuero civil provincial para solicitar que se intervenga sobre las condiciones de la ruta y se eliminen los riesgos que considera existentes.

También mencionó una presentación ante el fuero penal de Bahía Blanca. Explicó que ese planteo fue desestimado porque, de acuerdo con la resolución, la situación denunciada no constituía un delito. Sin embargo, señaló que se remitió un exhorto a Vialidad para que trabajara sobre la problemática planteada.

Para Zavaleta, los reclamos no deberían quedar aislados en cada jurisdicción ni limitarse a una ruta determinada. Recordó su participación en la Unión de Usuarios Viales y sostuvo que es necesario reunir las distintas demandas para impulsar una política común.

“Juntémonos y reclamemos una política de Estado”, resumió.

De Guaminí a Ramallo

La conversación también encontró un punto de contacto con el norte bonaerense. Zavaleta recordó que años atrás había participado de reclamos vinculados con la Ruta 51, particularmente en el tramo entre Ramallo y Arrecifes.

Su mirada busca superar los reclamos individuales por cada camino y plantea una discusión de alcance regional. Ruta 51, Ruta 65, Ruta 74 y otras vías provinciales y nacionales forman parte, según su planteo, de una misma problemática: la necesidad de contar con una infraestructura vial capaz de sostener la circulación de personas y de la producción.

En ese contexto, la VTV aparece como una pieza de una discusión mucho mayor.

Para Zavaleta, controlar el estado de los vehículos es necesario, pero también lo es garantizar que las rutas por las que esos vehículos circulan se encuentren en condiciones.

Su propuesta legislativa nace de una situación concreta: la de un vecino de una localidad pequeña que debe recorrer kilómetros para cumplir con una obligación. Pero también busca llevar esa dificultad cotidiana a una discusión más amplia sobre descentralización, recursos municipales y seguridad vial.

“Es importante que haya controles”, insistió.

La diferencia, según su planteo, está en quién los realiza, cuánto cuestan y qué destino tienen los recursos que genera el sistema.

La entrevista dejó así abierta una discusión que excede los límites de Guaminí: cómo organizar la VTV en una provincia extensa, cómo acercar los trámites a los vecinos de las localidades más pequeñas y cómo vincular los recursos generados por el sistema con las necesidades concretas de cada comunidad.