En una sesión que expuso las diversas visiones sobre el estado de las arcas municipales, la Rendición de Cuentas de la administración central logró la aprobación por mayoría gracias al voto oficialista. Sin embargo, el análisis de la concejal Soledad Agotegaray, del bloque unipersonal de Juntos, aportó una perspectiva matizada que culminó en su abstención, combinando el reconocimiento del contexto adverso con advertencias sobre la solvencia local.

Una gestión sin auxilio externo

En diálogo con la Radio Ramallo, Agotegaray trazó una "foto general" del ejercicio 2025, destacando que el gobierno local debió gestionar en un escenario de desfinanciamiento casi total. Según la edil, la gestión estuvo marcada por la desaparición de partidas nacionales y una marcada reducción de los giros provenientes de la Provincia de Buenos Aires.

“Después de analizar la información, te das cuenta que el municipio ha estado en algunos casos en absoluta soledad”, sentenció. En ese sentido, hizo especial hincapié en la caída del Coeficiente Único de Distribución (CUD), señalando que cualquier bache financiero que no cubre la provincia debe ser absorbido directamente por los recursos de la administración local, los cuales también sufrieron por la caída en la recaudación de tasas.

Números en rojo: déficit y deuda

A pesar de reconocer el esfuerzo municipal por sostener los servicios, Agotegaray no pasó por alto la fragilidad de los números. Detalló que el cierre del ejercicio 2025 arrojó datos preocupantes:

• Déficit financiero: 5.732 millones de pesos.

• Deuda flotante: Alcanzó un pico de 9.000 millones de pesos a mitad de año.

“Ese análisis te da una situación de insolvencia importante donde los gastos superaron a los ingresos”, explicó la concejal, aunque aclaró que parte de ese saldo negativo es producto de un "arrastre" de ejercicios anteriores y que la situación mostró leves signos de mejora hacia el final del período.

Hoja de ruta para el Tribunal de Cuentas

Al explicar su decisión de no votar ni a favor ni en contra, la edil lo definió como un “acto de respeto institucional”. Agotegaray confirmó que la información estuvo disponible desde marzo y que utilizó ese tiempo para marcar "inconsistencias administrativas" que ahora forman parte de un informe técnico.

Entre los puntos señalados para que el Tribunal de Cuentas investigue, la concejal mencionó la recurrencia en compras directas que, a su criterio, podrían haber sido tramitadas mediante licitaciones públicas. “Esa hoja de ruta está marcada; si el Tribunal lo considera, buscará la información pertinente”, concluyó.