En un fallo que respalda los reclamos de la organización Unidos por la Vida y el Ambiente (UPVA), la Cámara de Apelaciones de San Nicolás calificó de “alarmante” y “lamentable” la parálisis judicial en la causa que investiga una cantera clandestina en las riberas del arroyo Ramallo. La resolución judicial pone el foco en la responsabilidad de los magistrados ante el avance de daños ambientales que, mientras los expedientes se demoran, se vuelven irreparables.

La controversia escaló luego de que UPVA hiciera público un comunicado denunciando que una empresa clandestina avanza con la extracción de tosca en una cava ilegal sin permisos. Según la organización, el destino de dicho material sería el relleno para la ampliación de la planta de SIDERSA. A pesar de las pruebas presentadas —imágenes satelitales, videos y testimonios—, el juez de primera instancia, Dr. José Ricardo Eseverri, mantuvo el pedido de medida cautelar paralizado durante meses.

El "cajoneo" y sus consecuencias

Mientras el expediente permanecía sin movimientos en el juzgado, las máquinas no se detuvieron. Según el reporte de los ambientalistas, la extracción de tosca continuó modificando agresivamente la costa del arroyo Ramallo. Las pruebas incorporadas a la causa son elocuentes: el mayor avance de la degradación ocurrió, precisamente, durante el periodo en que el juez omitió resolver el pedido de clausura.

Frente a esta situación, la Cámara de Apelaciones fue tajante al devolver el expediente. Los camaristas señalaron que el rol de un juez en causas ambientales debe ser "proactivo" y que la demora detectada no condice con los principios de prevención y precaución que dicta la ley.

"La Justicia no debe esperar a que el daño sea irreversible para intervenir", sostiene el espíritu del fallo, reprochando que el juzgado actuó en sentido opuesto a lo que manda la normativa ambiental vigente.

Un precedente para la región

Para el abogado de UPVA, Fabián Maggi, esta sentencia marca un límite necesario a la inacción judicial en la región. “Es una decisión justa que pone las cosas en su lugar. La Cámara destacó que la ley exige máxima celeridad y actividad propia del juez”, afirmó, advirtiendo que muchas causas ambientales "duermen" durante años en los juzgados de San Nicolás.

La organización adelantó que, además de exigir el cese inmediato de la comercialización con la cantera, reclamará la reparación integral del daño producido y la determinación de responsabilidades de aquellos funcionarios que, pese a las advertencias, no actuaron a tiempo.

Con el expediente de regreso en el juzgado de origen, el mensaje de la Cámara es una advertencia para todo el Poder Judicial: en materia ambiental, la demora no es neutral. Cuando la sentencia llega sobre un ecosistema ya devastado, la Justicia deja de ser tal para convertirse en un mero espectador del daño consumado.