La mesa paritaria volvió a moverse en Ramallo y dejó, al menos, una señal. En el encuentro mantenido al mediodía de ayer entre representantes gremiales y funcionarios municipales, el Ejecutivo puso sobre la mesa una propuesta salarial que no estaba en los planes de los sindicatos y que abrió un nuevo capítulo en la discusión por el poder adquisitivo de los trabajadores municipales.

Del encuentro participaron el secretario de Hacienda, Reyik, y el secretario de Gobierno, Gentili. Por el lado de los trabajadores, estuvo presente el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), cuya secretaria general, Marta Oliveros, reconoció que la oferta sorprendió: “La verdad que nos encontramos con una propuesta que no esperábamos”.

Según explicó la dirigente sindical, la iniciativa del Ejecutivo contempla un aumento del 7,6%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los meses de octubre, noviembre y diciembre, que sería abonado con los haberes de febrero. A eso se sumaría, además, el IPC de enero. “A fin de febrero, como mínimo, calculamos que rondaría un 10% efectivo en los salarios reales de los trabajadores”, detalló Oliveros.

La propuesta llegó luego de una nota elevada por el gremio la semana pasada, en la que solicitaban “algún aumento de emergencia, algún bono y que se siguiera con la paritaria lo más pronto posible, aunque fuera con el índice del costo de vida”. En ese contexto, la dirigente recordó que el reclamo por actualización salarial viene desde fines de 2023, cuando la inflación golpeó con fuerza los ingresos municipales.

“Siempre pedimos la actualización. Esos índices los perdimos en el sueldo real y los venimos reclamando”, sostuvo, y vinculó la discusión con los lineamientos del nuevo gobierno local. “Escuchamos al intendente decir que uno de los ejes de su gestión es la actualización salarial, y eso también lo planteamos en la reunión”, agregó.

Pese a valorar el gesto político, Oliveros fue clara al dimensionar el impacto real del aumento. Para un trabajador que recién se inicia en la carrera municipal, sin antigüedad ni adicionales, la mejora ronda los 40 mil pesos brutos. “De bolsillo le quedarían unos 32 mil pesos. No se le soluciona el problema a nadie, consideramos que es insuficiente”, afirmó. Sin embargo, admitió que, frente al escenario del año pasado, “por lo menos es un gesto”.

Un capítulo aparte fue la situación del personal de salud, que ya comenzó a percibir un adicional vinculado a la adhesión municipal a la Ley SAMO. Se trata del 5% de lo efectivamente recaudado por el cobro de obras sociales, que se distribuye entre los trabajadores del hospital y las salas periféricas. “Ya lo cobraron todos, desde el director hasta el último empleado”, explicó Oliveros, y precisó que el último reparto fue de unos 9 mil pesos por trabajador.

Si bien reconoció la importancia del ingreso extra, la secretaria general del SOEM planteó reparos: “Nos hubiera gustado que el resto del personal tuviera alguna adición de esa misma característica, porque el espectro del empleado municipal es todo”. En ese sentido, mencionó áreas como recolección de residuos y servicios de agua, también claves para la salud pública.

De cara a lo que viene, las partes acordaron reunirse de manera bimestral para revisar la evolución salarial y el IPC. “Esperemos que en dos meses el municipio haya podido organizarse mejor desde lo económico y financiero”, señaló Oliveros, quien confirmó que el gremio dará una respuesta formal por escrito a la propuesta recibida.

Mientras tanto, el clima entre los trabajadores es de expectativa moderada. “No todo es salario, hay muchos problemas que acompañamos todos los días”, concluyó la dirigente, dejando en claro que la paritaria abrió una puerta, pero que el debate por salarios dignos sigue lejos de cerrarse.