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29 de enero de 2026

“La maleza no es solo una cuestión estética: es un problema sanitario y de seguridad”

La jueza de Faltas municipal, Sol Aroza, explicó cómo funciona el nuevo procedimiento para intimar y sancionar a propietarios de terrenos abandonados en Ramallo y Villa Ramallo. En diálogo con la Radio Ramallo, detalló los pasos legales, las multas previstas y remarcó la responsabilidad social de mantener los lotes en condiciones.

La problemática de los terrenos baldíos con maleza volvió a instalarse en la agenda local luego de que el Municipio de Ramallo informara la regularización de al menos 12 lotes en Ramallo y Villa Ramallo. En ese contexto, la jueza de Faltas municipal, doctora Sol Aroza, brindó precisiones sobre el procedimiento vigente y aclaró por qué las intervenciones no siempre son inmediatas.

“Es una buena oportunidad para que los vecinos conozcan cómo funciona el proceso, porque muchas veces las medidas no pueden ser tan rápidas como se espera”, señaló la magistrada al comenzar la entrevista. En ese sentido, remarcó que existe una ordenanza reciente —la 7306/25— que establece el nuevo marco legal para abordar los casos de baldíos y malezas.

Aroza explicó que el procedimiento se inicia con la constatación por parte del cuerpo de inspectores municipales. “Primero se labra el acta de infracción y luego comienza la etapa de notificación al propietario”, indicó. Sin embargo, advirtió que este paso suele presentar dificultades, ya que muchos terrenos tienen registraciones muy antiguas. “Estamos hablando de propiedades que a veces tienen más de un siglo, y no siempre es sencillo identificar o ubicar a los titulares”, sostuvo.

La jueza fue enfática al señalar que el Estado debe respetar el debido proceso. “Hay que respetar el derecho a la legítima defensa y eso solo se garantiza con notificaciones formales, edictos y plazos legales, y todo eso lleva tiempo”, explicó. “El Estado no puede meterse en un lote porque sí; tiene que cumplir un procedimiento”, agregó.

Una vez notificado, el propietario cuenta con un plazo de siete días para realizar la limpieza del terreno. Si cumple, igualmente se le aplica la multa correspondiente. “La infracción existió, porque la maleza existía. Aunque el propietario limpie de buena voluntad, la sanción se tramita igual”, aclaró Aroza.

En cambio, si el terreno no es limpiado dentro del plazo establecido, el Municipio queda habilitado para ingresar y realizar los trabajos. “En ese caso, además de la multa, se genera una deuda por el costo de la limpieza que luego debe afrontar el propietario”, explicó la funcionaria judicial.

Consultada sobre los 12 casos recientemente regularizados, Aroza indicó que, en la mayoría de ellos, fue el Municipio quien debió intervenir. “Por lo que entiendo, fue el Estado el que ingresó a limpiar, y ahora el propietario queda con una deuda por ese servicio”, detalló. Además, advirtió que el incumplimiento puede traer otras consecuencias administrativas. “Si no regulariza la situación, el propietario puede tener impedimentos para realizar trámites municipales, como habilitaciones o licencias”, señaló.

La jueza subrayó que la maleza no representa solo un problema visual. “No es una cuestión estética: es un problema sanitario y de seguridad”, afirmó, al mencionar la proliferación de roedores, el riesgo de enfermedades como el hantavirus y la posibilidad de hechos delictivos en terrenos abandonados.

También apuntó contra una práctica frecuente: arrojar residuos en baldíos o en la vía pública. “La basura sigue siendo de quien la genera. No deja de ser responsabilidad propia solo porque se deja afuera”, remarcó. En ese sentido, pidió mayor conciencia social y coordinación con el Municipio para la correcta disposición de los residuos.

Finalmente, Aroza destacó el rol de los vecinos afectados y recordó que no están limitados únicamente a la intervención estatal. “El vecino damnificado puede accionar de manera privada contra quien le genera un perjuicio”, explicó, y confirmó que el Juzgado de Faltas recibe presentaciones para canalizar reclamos y dar inicio a las actuaciones correspondientes.

“Tenemos que aprender como sociedad que mantener nuestras propiedades en condiciones es una obligación, sobre todo cuando el incumplimiento perjudica a otros”, concluyó la jueza, al tiempo que valoró el trabajo de control que viene realizando el Ejecutivo municipal.

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