El cierre del año político en Ramallo sumó un nuevo capítulo de alto voltaje institucional.

La concejal Cecilia Giammaria, del espacio Hechos, inició una demanda judicial contra el Municipio con el objetivo de frenar la aplicación de la tasa de mantenimiento vial y control del tránsito pesado, recientemente incorporada al Código Tributario. La presentación se realizó ante el Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de San Nicolás e incluyó el pedido de una medida cautelar para suspender el artículo cuestionado.

La acción judicial llega pocos días después de que el oficialismo lograra aprobar la actualización normativa en el Concejo Deliberante, en una sesión atravesada por fuertes cruces y una votación ajustada. Tras esa derrota parlamentaria, Giammaria optó por trasladar la discusión al plano judicial, argumentando la presunta ilegalidad del nuevo gravamen y cuestionando el impacto directo que tendrá sobre los vecinos del partido.

La tasa en cuestión establece un adicional del 2% sobre el precio de los combustibles que se cargan en las estaciones de servicio del distrito.

Según el Municipio, lo recaudado estará destinado al mantenimiento vial y al control del tránsito pesado, un punto sensible para la infraestructura local. Desde la oposición, en cambio, sostienen que el mecanismo elegido implica un aumento encubierto de impuestos y carece de sustento legal.

En su presentación, la concejal solicitó que se suspenda la vigencia del artículo hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, en el marco del proceso contencioso administrativo iniciado. El planteo judicial busca, además, sentar un precedente sobre los límites de las facultades municipales para crear tasas que impactan de manera directa en el consumo cotidiano.

El conflicto también se trasladó al terreno político y comunicacional. A través de sus redes sociales, Giammaria expresó con dureza su rechazo a la medida, con un discurso crítico hacia el oficialismo y un tono que dejó en evidencia la profundidad de la confrontación. El gesto adusto y la firmeza del mensaje le pusieron picante a un cierre de año marcado por la polarización en el ámbito legislativo local.

En este escenario, la disputa entre el oficialismo y Hechos domina la escena del Concejo Deliberante, mientras el resto de los espacios políticos queda relegado a un segundo plano.

La judicialización del debate no solo posterga una definición sobre la tasa, sino que anticipa un 2026 atravesado por tensiones políticas, con un conflicto que promete seguir sumando capítulos tanto en los tribunales como en el recinto.