30 de septiembre de 2014
Comentarios »
Tala de bosques nativos en Ramallo:Operativo del OPDS
En el día viernes 26 de Septiembre del corriente año, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), la Policía Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, junto a miembros de la ONG local UPVA, se hicieron presentes en la desembocadura del arroyo Las Hermanas en el río Paraná, en terrenos donde el empresario local Gustavo Degliantoni está llevando adelante trabajos sobre el terreno para construir una guardería náutica y un complejo inmobiliario.
El predio en cuestión había sido clausurado, en otra oportunidad, por el mismo OPDS, luego de una denuncia efectuada por miembros de UPVA sobre movimientos de tierra ilegales y por la tala de bosques nativos protegidos por la ley y amparados en las máximas categorías de protección: Rojo (I) y Amarillo (II). Asimismo, la última inspección del organismo provincial había constatado el estado de irregularidad del emprendimiento, que no contaba, ni siquiera, con el estudio de impacto ambiental correspondiente.
Hay que destacar que los bosques nativos son propiedad del Estado Nacional y por lo tanto de la Comunidad toda, más allá de que estén ubicados en un terreno privado, conforme a la Ley Nacional de Bosques vigente en la República Argentina.
En esta nueva visita, el OPDS y la Policía Ambiental constataron que no hubo avances en los mencionados estudios y que sumado a ello, el empresario había violado la clausura impuesta en la ocasión anterior. Apersonados en nuestra localidad ante las reiteradas denuncias que formuló nuestra ONG, por habernos percatado de esta infracción, los funcionarios provinciales observaron evidencias de actividades en el lugar tales como deforestación, acopio de material para la construcción y movimientos de tierra. Con el acta labrada en donde se constatan estas irregularidades, las autoridades ambientales cambiaron la categoría de infracción a “violación de clausura”, que lleva la cuestión a un proceso judicial de resolución.
Más allá de este lamentable incidente que, pese a las críticas de los funcionarios locales, refuerza nuestro convencimiento sobre la legitimidad y justicia de la lucha que llevamos adelante, debemos destacar la desidia y la incapacidad de la municipalidad a la hora de controlar las prácticas de los empresarios radicados en el partido.
Hemos escuchado en infinidad de ocasiones que las empresas contaminantes que pretenden instalarse en nuestra localidad, llevarán a cabo las prácticas “más seguras” porque van a ser controladas por las autoridades locales: estos hechos demuestran que no es así, y que una vez más, la defensa de nuestra riqueza natural y de nuestra salud sigue en manos de los propios vecinos, los únicos capaces de ponerles un alto a la voracidad de los empresarios y de los funcionarios asociados a ellos.
El predio en cuestión había sido clausurado, en otra oportunidad, por el mismo OPDS, luego de una denuncia efectuada por miembros de UPVA sobre movimientos de tierra ilegales y por la tala de bosques nativos protegidos por la ley y amparados en las máximas categorías de protección: Rojo (I) y Amarillo (II). Asimismo, la última inspección del organismo provincial había constatado el estado de irregularidad del emprendimiento, que no contaba, ni siquiera, con el estudio de impacto ambiental correspondiente.
Hay que destacar que los bosques nativos son propiedad del Estado Nacional y por lo tanto de la Comunidad toda, más allá de que estén ubicados en un terreno privado, conforme a la Ley Nacional de Bosques vigente en la República Argentina.
En esta nueva visita, el OPDS y la Policía Ambiental constataron que no hubo avances en los mencionados estudios y que sumado a ello, el empresario había violado la clausura impuesta en la ocasión anterior. Apersonados en nuestra localidad ante las reiteradas denuncias que formuló nuestra ONG, por habernos percatado de esta infracción, los funcionarios provinciales observaron evidencias de actividades en el lugar tales como deforestación, acopio de material para la construcción y movimientos de tierra. Con el acta labrada en donde se constatan estas irregularidades, las autoridades ambientales cambiaron la categoría de infracción a “violación de clausura”, que lleva la cuestión a un proceso judicial de resolución.
Más allá de este lamentable incidente que, pese a las críticas de los funcionarios locales, refuerza nuestro convencimiento sobre la legitimidad y justicia de la lucha que llevamos adelante, debemos destacar la desidia y la incapacidad de la municipalidad a la hora de controlar las prácticas de los empresarios radicados en el partido.
Hemos escuchado en infinidad de ocasiones que las empresas contaminantes que pretenden instalarse en nuestra localidad, llevarán a cabo las prácticas “más seguras” porque van a ser controladas por las autoridades locales: estos hechos demuestran que no es así, y que una vez más, la defensa de nuestra riqueza natural y de nuestra salud sigue en manos de los propios vecinos, los únicos capaces de ponerles un alto a la voracidad de los empresarios y de los funcionarios asociados a ellos.