En defensa propia

El acto contará con diversas personalidades del ámbito nacional en lo social, sindical y organizaciones de derechos humanos como también con expositores que desarrollarán aspectos en los que la Procuración General de la Nación a través de sus unidades especializadas, sus programas y dictámenes permitió y permite ampliar y proteger los derechos de la ciudadanía.

   Por ello, formarán parte de la actividad, en representación de Abuelas de Plaza de Mayo Manuel Gonçalvez Granada; por Madres Plaza de Mayo Línea Fundadora Adela Antokoletz, Mercedes Mignone y Vera Jarach; por el colectivo Ni una Menos la periodista Sonia Tessa; por el Frente Social y Popular de la provincia de Santa Fe el periodista Carlos del Frade; por la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia) Laura Gisnberg y Pablo Gitter; el cura “Paco” Oliveira de la Isla Maciel y el cura Mariano Oberlín del Barrio Muller de Córdoba; la Intersectorial Contra la Violencia Institucional de Rosario, familiares de “Pichón” Escobar; Alejandra Fedele referente barrial de Rosario del Movimiento Evita;  por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) Sonia Alesso y por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) Roberto Baradel; Victorio Paulón Secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores Argentinos; por Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) Agustín Bruera entres otros.

   Así también las organizaciones encargadas del armado de la actividad que integran el encuentro regional, Foros, Mesas y Asociaciones de Derechos Humanos por la Memoria y la Justicia de: San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Campana, Zárate, Campo de Mayo, Junín, Pergamino, Lincoln y Los Toldos, como también organizaciones de derechos humanos que estarán presente de Entre Ríos, Santa Fe Capital, Buenos Aires y La Plata.

   La gacetilla que realiza la difusión de lo que será el acto del sábado 26 de agosto a mitad de mañana expresa: “El Encuentro Regional por Memoria y Justicia “Cholo” Budassi, se autoconvoca con diversos organismos e instituciones gremiales y civiles del norte Bonaerense y del sur Santafecino para reclamar para que no se siga avasallando el estado de derecho y al sistema republicano de gobierno”. Y sostienen que “la defensa de la Procuradora General es defender nuestros derechos”.

   En el parte de prensa enumeran y peticionan que se siga avanzando en los juicios por delitos de lesa humanidad haciendo mención a la Procuraduría de crímenes contra la humanidad que ha sido creada por la Procuración General para continuar la tarea desarrollada y siendo dotada de más y mejores recursos, como también la Unidad especializada para casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado. También señalan en la gacetilla que se persiga a las organizaciones de Narcotráfico y a sus complicidades con el poder político/judicial/policial, y no a los consumidores de estupefacientes, mencionando la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) creada en 2013 por la Procuradora General de la Nación. Otro de los puntos en los que argumentan su defensa esgrime “queremos que se investigue y procese a los lavadores de dinero y evasores de impuestos, y no sólo a los ladrones de gallinas”, y fue por decisión de Alejandra Gils Carbó que se creó en 2012 la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

   Del mismo modo, quienes sostienen que defender a Gils Cargó es defender nuestros derechos, van enumerando distintas problemáticas en el comunicado que han tenido respuesta, abordaje,  desde las unidades creadas por la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó como lo es la trata de personas y la explotación laboral que se aborda a través de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) creada en 2013; la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) creada en 2013 para la defensa en casos de violencia institucional por parte de la policía, fuerzas de seguridad y servicio penitenciario, sobre todo contra jóvenes y pobres; como también la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTI), que fue creada por Alejandra Gils Carbó el 29 de junio de 2015.

   Asimismo, en el comunicado donde se señalan distintas unidades y programas que desde la Procuración se han creado para la protección y ampliación de derechos también remarcan “que las víctimas de todo tipo de delitos tengan una asistencia y asesoramiento adecuado, y no sean revictimizadas por el propio aparato de Justicia”, y para ello la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), creada por Gils Carbó en 2014. “Queremos que el Ministerio Público Fiscal actúe adecuadamente en defensa de los derechos de los trabajadores, hoy en día más avasallados que nunca (Programa Especializado en el fuero del Trabajo)”, expresan, y ese programa fue creado en 2016.

   Además, argumentan por la defensa de los derechos “de nuestros viejos, el derecho a la salud y el de las personas con capacidades diferentes, sean correctamente atendidos por el estado, por las Obras Sociales y por las empresas de Medicina Prepaga (Fiscalía General ante el Fuero de la Seguridad Social y UFI-ANSeS)”, otra problemática a la que se aborda,  y se atiende desde la Procuración desde la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES) dependiente de la estructura central de la Procuración General de la Nación encargada de investigar los delitos relativos al amplio universo de la seguridad social. También mencionan los organizadores como petición “que se esclarezca el atentado terrorista más grande que sufrió nuestro país a lo largo de su historia (UFI-AMIA)", y de ello depende la Unidad Especializada creada en 20o4, y que desde el 2015, por decisión de la Procuradora General de la Nación se designó un equipo a cargo de la Unidad que en su corto período y a través de un arduo trabajo en 2016 determinó la identidad de la víctima 85 del atentado.

   Por añadidura, el pedido en defensa y respaldo a la procuradora Gils Carbó también se sustenta en “que se siga defendiendo la Ley Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y la pluralidad de voces en radio y televisión”, y en eso la Procuradora jugó un rol por demás de importante con su dictamen favorable a la LSCA el 12 de julio de 2013 y representando los intereses generales cuando expuso en la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 28 de agosto de 2013.

   Como último punto se señala: “Queremos que el Ministerio Público Fiscal se siga descentralizando y permita tener un acceso adecuado a la Justicia a todos los sectores de la sociedad”, y sin dudas es el programa de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO) que tiene como  objetivo  facilitar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y su participación en el sistema de administración judicial explorando respuestas de prevención social del delito y de promoción de derechos como herramientas de acceso a la justicia creado por Gils Carbó en 2014 lo que permitió que los de a pie sientan la mano extendida por uno de los organismos del Estado.

   Por todo lo argumentado por los organizadores es que se llevará adelante una jornada en la que expositores y personalidades de los distintos ámbitos estarán presente brindando su apoyo porque como se sabe: nadie defiende lo que no conoce. Y existe un conocimiento de quienes recurrieron a programas, a unidades especializadas, víctimas, familiares, ciudadanas y ciudadanos que también realizaron una valoración de los dictámenes de la Procuradora en defensa de los intereses generales que en San Nicolás serán expuestos para informar  y demostrar que “Defendemos a Gisl Carbó en defensa de nuestros derechos” no es un slogan que se utilizó para promocionar el evento sino una realidad palpable que se podrá evidenciar con cada una de las disertaciones del sábado 26 de agosto en San Nicolás.